POR QUÉ NUESTROS GOBERNANTES DEBERÍAN SER FILÓSOFOS Y NO SÓLO POLÍTICOS

En este corto y entretenido video de la BBC se expone una de las ideas más famosas y controversiales de Platón, la cual expone en su libro La República, la noción de que los reyes-filósofos deberían gobernar un Estado. Este mismo planteamiento ha sido usado para determinar que Platón es un filósofo antidemocrático.

Ahora bien, dicha noción debe analizarse con más profundidad para no caer en extremos. Lo que Platón sugiere es que un filósofo es la persona ideal para gobernar porque, por definición, un filósofo es quien ama la verdad y se ha liberado de los deseos mundanos que corrompen el carácter, puesto que, necesariamente, si es que es un verdadero filósofo, su naturaleza permanece en la contemplación y defensa de las Formas, esto es los arquetipos o los principios (éticos y estéticos) que trascienden el condicionamiento temporal. Nos puede parecer algo lejano está definición de "filósofo" de Platón, esta idea de incorruptibilidad afianzada en el conocimiento, pero es ciertamente la esencia y origen de la filosofía (es en este sentido que Platón es elitista: pide la pureza y la impecabilidad del carácter de un hombre). Hoy vemos a los filósofos como personas que se dedican sólo a pensar y a formular pensamientos que son lógica y racionalmente correctos, pero no como individuos que actúan correctamente, y que deberían ser reconocidos como tal (como filósofos) justamente porque han logrado incorporar su conocimiento de manera integral a su vida. Por esto Platón considera que el filósofo es el hombre capacitado para gobernar, para maniobrar la nave del Estado. En nuestra época, tal incorruptibilidad moral nos parece utópica o simplemente ideal (el término ha degenerado en nuestra cultura a significar algo irreal). Lo anterior, sin embargo, revela más el estado de nuestra condición moral que un supuesto error en el juicio de Platón.

El planteamiento de Platón puede resumirse un poco en la idea que es ilustrada en el video. Tenemos un capitán de barco que, por discapacidad, no puede tripular su embarcación. Entonces, los marineros se enfrascan en discusiones y reyertas para definir quien debería ser el capitán. El problema es que los marineros no saben de navegación y utilizan, en cambio, las habilidades que tienen, mayormente insignificantes para la tarea en cuestión, para hacer que el dueño del barco los elija como capitanes. Realizando todo tipo de pantomimas, demostraciones de fuerza bruta y sofistería, como la demagogia y el marketing en la política actual, los marineros logran hacer pensar al dueño que algunos tienen lo que se necesita para conducir el barco. Al suceder esto, en este reino de las apariencias, dice Sócrates, el hombre que realmente sabe de navegación es llamado un simple "observador de las estrellas". Esto es lo que le ocurría a los filósofos en Atenas. Al dueño del barco podemos sustituirlo por el pueblo que se deja llevar fácilmente por las apariencias y no es capaz de ver el verdadero carácter y la capacidad de "manejo" de un candidato, justamente porque no ha llevado una vida filosófica.

Si aplicamos lo que dice Platón al mundo contemporáneo tendríamos que exigir que nuestros gobernantes no fueran políticos profesionales, sino que fueran hombres de conocimiento. Evidentemente el problema es que no tenemos ya ni siquiera una estructura para formar filósofos y medir la integridad de las personas (la corrupción ha penetrado todos los ámbitos de la vida y bajo esta realidad oscurecida las ideas platónicas son utópicas). No tenemos los mecanismos --democráticos o no-- para asegurarnos de que una persona así llegue incluso a existir, menos aún a reinar. Tan lamentable es la situación en la que nos encontramos que tener un gobernante sabio nos parece como irrealizable, un deseo remoto. Dicho eso, cualquier persona con cierta apreciación de la cultura y el conocimiento estará de acuerdo en la necesidad de buscar tener gobernantes que hayan cultivado su propia mente y su moralidad. Esto no puede lograrse más que con una mínima formación filosófica. Guardando las distancias, tal vez por eso José Mujica ha sido tan celebrado en el mundo, por ser uno de los pocos ejemplos actuales de un presidente con una filosofía, con una vida que refleja sus ideales.

La baraja rota

Yo ya no sé si, entre el grueso de la población, muchos se acuerdan de cómo nos regimos, ni de por qué. Cuando se decide convivir en comunidad y en paz, se produce, tácitamente o no, lo que suele conocerse como “contrato o pacto social”. No es cuestión de remontarse aquí a Hobbes ni a Locke ni a Rousseau, menos aún a los sofistas griegos. Se trata de ver y recordar a qué hemos renunciado voluntariamente cada uno, y a cambio de qué. Los ciudadanos deponen parte de su libertad de acción individual; abjuran de la ley del más fuerte, que nos llevaría a miniguerras constantes y particulares, o incluso colectivas; se abstienen de la acumulación indiscriminada de bienes basada en el mero poder de adquirirlos y en el abuso de éste; evitan el monopolio y el oligopolio; se dotan de leyes que ponen límites a las ansias de riqueza de unos pocos que empobrecen al conjunto y ahondan las desigualdades. Se comprometen a una serie de deberes, a refrenarse, a no avasallar, a respetar a las minorías y a los más desafortunados. Se desprenden de buena parte de sus ganancias legítimas y la entregan, en forma de impuestos, al Estado, representado transitoriamente por cada Gobierno elegido (hablamos, claro está, de regímenes democráticos). Por supuesto, dejan de lado su afán de venganza y depositan en los jueces la tarea de impartir justicia, de castigar los crímenes y delitos del tipo que sean: los asesinatos y las violaciones, pero también las estafas, el latrocinio, la malversación del dinero público e incluso el despilfarro injustificado.

A cambio de todo esto, a cambio de organizarse delegando en el Estado –es decir, en el Gobierno de turno–, éste se compromete a otorgar a los ciudadanos una serie de libertades y derechos, protección y justicia. Más concretamente, en nuestros tiempos y sociedades, educación y sanidad públicas, Ejército y policía públicos, jueces imparciales e independientes del poder político, libertad de opinión, de expresión y de prensa, libertad religiosa (también para ser ateo). Nuestro Estado acuerda no ser totalitario ni despótico, no intervenir en todos los órdenes y aspectos ni regularlos todos, no inmiscuirse en la vida privada de las personas ni en sus decisiones; pero también –es un equilibrio delicado– poner barreras a la capacidad de dominación de los más ricos y fuertes, impedir que el poder efectivo se concentre en unas pocas manos, o que quien posee un imperio mediático sea también Primer Ministro, como ha sucedido durante años con Berlusconi en Italia. Son sólo unos pocos ejemplos.

Lo cierto es que nuestro actual Gobierno del PP y de Rajoy, en sólo dos años, ha hecho trizas el contrato social. Si se privatizan la sanidad y la educación (con escaso disimulo), y resulta que el dinero destinado por la población a eso no va a parar a eso, sino que ésta debe pagar dos o tres veces sus tratamientos y medicinas, así como abonar unas tasas universitarias prohibitivas; si se tiende a privatizar el Ejército y la policía, y nos van a poder detener vigilantes de empresas privadas que no obedecerán al Gobierno, sino a sus jefes; si el Estado obliga a dar a luz a una criatura con malformaciones tan graves que la condenarán a una existencia de sufrimiento y de costosísima asistencia médica permanente, pero al mismo tiempo se desentiende de esa criatura en cuanto haya nacido (la “ayuda a los dependientes” se acabó con la llegada de Rajoy y Montoro); es decir, va a “proteger” al feto pero no al niño ni al adulto en que aquél se convertirá con el tiempo; si las carreteras están abandonadas; si se suben los impuestos sin cesar, directos e indirectos, y los salarios se congelan o bajan; si los bancos rescatados con el dinero de todos niegan los créditos a las pequeñas y medianas empresas; si además la Fiscalía Anticorrupción debería cambiar de una vez su nombre y llamarse Procorrupción, y los fiscales y jueces obedecen cada día más a los gobernantes, y no hay casi corrupto ni ladrón político castigado; si se nos coarta el derecho a la protesta y la crítica y se nos multa demencialmente por ejercerlo …

Llega un momento en el que no queda razón alguna para que los ciudadanos sigamos cumpliendo nuestra parte del pacto o contrato. Si el Estado es “adelgazado” –esto es, privatizado–, ¿por qué he de pagarle un sueldo al Presidente del Gobierno, y de ahí para abajo? ¿Por qué he de obedecer a unos vigilantes privados con los que yo no he firmado acuerdo? ¿Por qué unos soldados mercenarios habrían de acatar órdenes del Rey, máximo jefe del Ejército? ¿Por qué he de pagar impuestos a quien ha incumplido su parte del trato y no me proporciona, a cambio de ellos, ni sanidad ni educación ni investigación ni cultura ni seguridad directa ni carreteras en buen estado ni justicia justa, que son el motivo por el que se los he entregado? ¿Por qué este Gobierno delega o vende sus competencias al sector privado y a la vez me pone mil trabas para crear una empresa? ¿Por qué me prohíbe cada vez más cosas, si es “liberal”, según proclama? ¿Por qué me aumenta los impuestos a voluntad, si desiste de sus obligaciones? ¿Por qué cercena mis derechos e incrementa mis deberes, si tiene como política hacer continua dejación de sus funciones? ¿Por qué pretende ser “Estado” si lo que quiere es cargárselo? Hemos llegado a un punto en el que la “desobediencia civil” (otro viejo concepto que demasiados ignoran, quizá habrá que hablar de él otro día) está justificada. Si este Gobierno ha roto el contrato social, y la baraja, los ciudadanos no tenemos por qué respetarlo, ni que intentar seguir jugando.

JAVIER MARÍAS 12 ENE 2014 

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